Vendedores ambulantes de LA se arriesgan por mantener a su familia

Cientos indocumentados de Los Ángeles temen recibir cargos menores por contravenir una medida que prohíbe la venta ambulante sin permiso en parques y playas, lo que les obliga a tener que decidir entre mantener a su familia o arriesgar la opción de regularizar su estatus legal en el país.

Pese a que las ventas en las calles de Los Ángeles están prohibidas, por años las autoridades excluyeron de la aplicación de esta norma a los vendedores y comerciantes de playas y parques. Ahora el Ayuntamiento evalúa ampliar las restricciones y sancionar a estos vendedores con multas y convertir la infraccion en un delito.

La iniciativa cae como un balde de agua fría a los trabajadores informales y activistas que están en medio de una lucha para que se legalicen las ventas ambulantes y les otorguen permisos.

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“Estamos buscando una manera para que se legalice el trabajo de los vendedores ambulantes, simplemente queremos que puedan ganarse la vida de una manera digna, sin que sean hostigados por la Policía”, dijo a Efe Ron Gochez, vocero de Unión del Barrio.

En la primera ronda de votaciones, Gil Cedillo, concejal del Distrito 1, fue uno de los que se negó a respaldar la propuesta, pues aseguró que el castigo podría perjudicar a los vendedores en su estatus migratorio.

“Una de las propuestas de la reforma migratoria era que las personas no podían tener mas de tres delitos menores, entonces puede ser inelegible para una reforma”, aclaró Fernando Romo, abogado de inmigración.

Este es uno de los mayores temores que enfrenta la salvadoreña Romilia Sibrián, que desde hace 13 años se dedica a la venta ambulante en Los Ángeles y explica que en todos estos años nunca se había sentido tan acosada como ahora.

“Criminal es el otro que anda matando, y uno no anda haciendo nada de malo, porque lo que vende uno no es nada malo, porque a la gente como a uno ni trabajo le dan, a mi con 60 años no me dan trabajo”, lamentó.

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La segunda ronda de votaciones se realizará en los próximos días, después de que los funcionarios escuchen en audiencia a los afectados y organizaciones comunitarias que respaldan el aporte de estos trabajadores en su mayoria mejeres.

Los vendedores están pidiendo que se otorgue permiso para que ellos realicen sus actividades sin temor a ser multados o que les confisquen los artículos.

Con las multas en mano, Rosa Calderón aseguró que ya ha acumulado siete infracciones y la suma que adeuda ya sobrepasa los 3.000 dólares por vender en las calles de la ciudad.

Sibrián no es ajena a las sanciones económicas, pues hace varios años recibió una por 400 dólares. La multa hizo que la salvadoreña decidiera trabajar en un parque del centro de la ciudad.

“Es que cuesta, porque a veces a uno no le dan permiso; si dieran permiso pues uno saca el permiso para que la Policía no lo moleste a uno“, aseguró a Efe.

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Aunque los vendedores ambulantes han obtenido varios respaldos, también tienen fuertes opositores, entre ellos los dueños de negocios que aseguran que estos trabajadores informales les quitan la clientela.

Por su parte, el concejal Joe Buscaino dijo que la aplicación de la regla en parques y playasprotegería a la ciudad de una posible demanda de alguien que se enferme o se lastime por estos vendedores.

“Creo que no sea justo, porque en los parques es donde hay mas venta para nosotros porque hay más ambiente deportivo”, explicó a Efe el vendedor de helados mexicano Juan Cuevas.

En medio del tira y afloja entre los vendedores y el Concejo, activistas y abogados de inmigración están preocupados por el daño que le podría acarrear esta medida a sus clientes.

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“Si estas personas tienen dos infracciones o dos delitos menores se les puede quitar el TPS por la simple razón de vender cosas en la calle”, explicó el abogado de inmigración.

También los vendedores con orden de deportacion corren un riesgo mayor. “Si no se legaliza la venta de los vendedores ambulantes la víctima va a ser la gente más pobre en esta ciudad, que van a ser mayormente mujeres y sus niños”, dijo el vocero de Unión del Barrio.

Tras asegurar que a su edad no consiguen ningún otro trabajo, Sibrían y Cuevas dijeron que seguirán desempeñando su trabajo que por años les ha servido para pagar sus cuentas y enviar dinero a sus países de origen.

Los Ángeles tiene más de 50.000 vendedores ambulantes, la mayoría sin un estatus migratorio, lo que los hace más vulnerables.

“Creo que en todas partes del mundo, en las grandes ciudades del mundo, hay procesos para poder legalizar ese trabajo. Creo que Los Angeles se está quedando muy atrás y ya es tiempo de que se haga este cambio”, pidió Gochez.

fuente:laopinion.com

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